Desigualdad digital: transformar las mal llamadas “zonas rojas” en territorios de oportunidades

 

Doctor en comunicación audiovisual y mercado digital. Director Políticas públicas de desarrollo digital en Flacso-Chile y Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Ex Subsecretario de Telecomunicaciones.

 

Hace 6 años, en septiembre de 2015, Naciones Unidas convocaba a los países del mundo a trabajar por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el propósito de construir una agenda en torno a 17 Objetivos (ODS) sobre la base de 3 pilares: Erradicar la extrema pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar el cambio climático.

En esta Agenda 2030 se define un eje transversal para el cumplimiento de las metas, que es la necesaria expansión de las tecnologías de la información y la comunicación y la interconexión global para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento. El acceso universal a la tecnología de la información y las comunicaciones es clave para superar pobreza, disminuir desigualdades, mejorar la calidad de la educación y la salud, mejorar el desarrollo económico, facilitar la inclusión social y permitir una mejor protección del medio ambiente.

Entre los compromisos asumidos por los países está aumentar significativamente el acceso a la tecnología y proporcionar acceso universal y asequible a Internet entre los ciudadanos que lo necesitan. Mientras se avanza, paralelamente, se sigue acuñando la expresión “zonas rojas”, calificativo proveniente del mundo de los operativos de las fuerzas del orden y seguridad pública, para referirse a aquellos lugares donde se fue haciendo común el vandalismo y el robo de cables de cobre de las redes de telecomunicaciones desplegadas en los territorios urbanos y populares.

El desarrollo tecnológico y el crecimiento del mercado, la rápida adopción y el aumento en la cobertura y el acceso han permitido la transición de alternativas y soluciones de infraestructura digital, siendo reemplazado ese cable del metal rojo por fibra óptica y sistemas radiantes de baja altura, menos invasiva y cada vez más cerca al usuario. También ha mejorado la calidad técnica de los servicios y con ello ha disminuido las cifras de sustracción de cables, pero la noción de “zonas rojas” se siguió usando para identificar aquellos territorios donde el Estado ha ido en retirada, y para estigmatizar determinados sectores donde la ciudadanía se ve dificultada –o derechamente impedida– de contar con acceso a diferentes bienes y servicios, desde farmacias, librerías, áreas verdes, alcantarillados y servicios de telecomunicaciones, entre otros.

Más que hacerse cargo de la inequidad estructural y del segregado modelo de desarrollo urbano, el simplismo esgrime a estas zonas como expresión genuina de la delincuencia, guetos, estrato socioeconómico bajo, vandalismo recurrente, sujetos poco rentables, etc. Lo grave es que con ello se pretende normalizar la existencia de ciudadanos de clase A y de clase B, y por tanto se justificaría la ausencia o la baja calidad en la prestación de servicios, entre ellos los servicios básicos y esenciales.

La satisfacción de una necesidad pública es obligatoria, para todos y sin distinción. No existe tal cosa que diga que el escaso atractivo comercial pueda disfrazarse como delincuencia, gueto o vandalismo recurrente. Tampoco existen zonas de color alguno. Si pocos insisten en llamarlas así, cometen un error estratégico, de una falta de empatía y de sintonía, muy lejos con los compromisos que la industria digital se ha puesto como valores a compartir.

Chile es líder en la región en desarrollo digital. Los indicadores agregados que ha alcanzado nuestro país en cobertura, acceso, penetración y uso de Internet lo confirman. Como país hemos tenido un avance significativo, entre los años 2010 y 2019 se han duplicado los usuarios y los hogares que acceden a banda ancha; de 9 accesos a internet móvil por cada 100 habitantes, pasamos a 95 accesos por 100 habitantes, alcanzado cerca de un 98% del territorio con cobertura. Pero la realidad de los ciudadanos, en esa etnografía de los espacios cotidianos, es distinta según su edad, educación, habilidad, género, ingresos, y territorio.

Según el BID, en Chile de la inversión en telecomunicaciones acumulada (2008-2017) 99% es privada y 1% pública. La participación de la inversión del Estado chileno es similar a países como Guatemala, Honduras o Surinam. El 50% de todas las conexiones fijas están sólo en la Región Metropolitana; el 6,8% del territorio nacional concentra el 76% de los hogares con internet fija en el país. Lo que significa que el resto del territorio, el 93,2%, sólo tiene 24% de hogares con internet fijo en el hogar (Subtel, 2020) Las tasas de penetración más bajas corresponden a las regiones de La Araucanía con 33%, Ñuble con 33,8% y Maule con 37,4% (Subtel, 2020)

En la Región Metropolitana, comunas como Vitacura y Las Condes tienen una penetración de 95% y 95,8%, respectivamente; y aquellas donde habitan las familias con bajos ingresos como La Pintana y Lo Espejo, tiene 31% y 45,3% (Subtel, 2020).

El 18% de los hogares del país, es decir cerca de 900.000 personas, aún no disponen de acceso a internet de ningún tipo. Así, el 78% de los hogares del quintil de más ingreso cuentan con acceso a banda ancha fija, mientras que ese porcentaje sólo alcanza al 32% en el quintil de menos ingresos. Confirma lo anterior que el 54% de los hogares urbanos tienen este tipo de conexión, a diferencia del 4% que accede en los hogares rurales.

En Chile es patente la desigualdad digital. Una ciudadanía digital de tres tercios. Un tercio de los ciudadanos gozan de los mejores frutos de la conectividad accediendo a velocidades de banda ancha de clase mundial, el otro tercio accede de manera precaria, mientras que el otro tercio vive desconectado. Si le agregamos vivir en el mundo rural, en suburbios urbanos, con ingresos bajos, ser mujer y ser adulto mayor, la disparidad es vergonzosa. No es posible que aún en Chile existan cerca de 800 escuelas y liceos sin acceso a Internet; más de 1000 recintos de salud rurales, entre consultorios y postas que no tienen conectividad de calidad y aproximadamente 1.000 localidades, asentamientos y villorrios aislados, de difícil acceso, que aún no conocen de la promesa de una sociedad de la banda ancha. De verdad no es posible, no es creíble, que esto ocurra teniendo datos tan robustos. Internet no es un lujo, sin ese acceso se corre el riesgo de quedar fuera de los mínimos sociales que implica no estar conectado en el siglo XXI.

Así es, tenemos el Chile B, ciudadanos que recorren grandes distancias para llegar a una posta rural sin posibilidad de establecer ningún tipo de comunicación; lugares donde nuestros niños llegan a su escuela y no conocen que hay un mundo de conocimiento en la red a la que ellos no pueden acceder. Ya sabemos que los efectos de la pandemia del Covid-19 ponen en primera fila la expresión de una sociedad desigualdad y la inequidad territorial, más aún en su dimensión digital.

Todos hablamos de esta vergüenza, las autoridades sectoriales y locales, los ejecutivos en los foros, debates, balances, investigaciones, en los matinales, todos sin excepción encogen de hombros y mirando el piso, y con voz baja, confirman que “hay que hacer algo”. Los equipos técnicos de los candidatos y candidatas a alcaldes, gobernadores regionales y presidenciales, algunos con más énfasis que otros, instalan como prioridad contar con un “plan maestro” para el desarrollo digital y para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones habilitante para el bienestar digital digno.

Un “plan maestro” para el despliegue de redes de infraestructura digital requiere de un nuevo pacto con los gobiernos locales. ¿Para un municipio debe ser importante que se invierta en telecomunicaciones en su comuna? Por supuesto. Si se aumenta 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio hay un impacto positivo en reducir pobreza, incremento en atención de salud y bienestar, incremento en trabajo decente, más crecimiento económico, más acceso a la educación, sube la participación de los quintiles más pobres en los ingresos, ayuda a la acción por el clima.

Es decir, disponer, acceder y usar a una conectividad digital tiene un impacto objetivo en mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, menos queja y comenzar a actuar, dentro de las atribuciones de la administración local está facilitar el acceso, bajar las barreras de entrada, simplificar y homologar procedimientos, instalar el silencio administrativo si no se responde en los tiempos definidos, armonizar criterios, sacar la grasa de la sobre burocracia, instalar indicadores transparentes y de acceso público sobre las agendas digitales locales y comenzar a pensar en brindarle a sus vecinos oportunidades digitales de verdad.

Pues bien, con este mismo énfasis la actividad legislativa ha sido clave, desde leyes como la velocidad mínima de internet, el roaming automático, las contraprestaciones en la asignación de espectro, la portabilidad total de servicios fijos y móviles y la discusión sobre el acceso a Internet como un derecho y como un servicio público de telecomunicaciones. Con este proyecto se facilita el acceso a los servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía, tanto la oferta de los servicios de internet como de otros servicios, en todo el territorio nacional, tendiendo a disminuir las barreras que aparezcan en el sector, buscando soluciones regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de las redes de servicios de telecomunicaciones, velando porque los concesionarios puedan asegurar un servicio continuo y de calidad, incluso bajo circunstancias de criticidad, y con una activa participación del Estado en su promoción de la inversión, en una nueva generación de subsidios a la demanda y en incentivos para llegar hasta la última milla.

La presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, senadora Ximena Ordenes, ha hecho un llamado, y hay que sumarse a esa convocatoria, para aprovechar el próximo Día de las Telecomunicaciones 2021 para convocar y construir un acuerdo país, entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, todo el ecosistema digital, para fijar una ruta y cerrar la brecha digital de acceso y con ello transformar las mal llamadas “zonas rojas” en zonas de oportunidades, en territorios creativos, en espacios para desatar la inversión, la innovación con base tecnológica, y que sean en esos espacios donde se aplique el conocimiento adquirido y toda la inteligencia para cerrar esta indignante berrera digital.

Estamos ante un asunto estratégico, nos referimos a una definición política clave, a un desafío colectivo, una causa país, en un compromiso ante los chilenos por buscar soluciones innovadoras, diversas, creativas y pertinentes, sin descanso, que en el corto plazo, logremos conectar a los desconectados. Sí sólo en los próximos 12 meses conectáramos a estos territorios urbanos y rurales estaríamos ante un nuevo escenario. No me imagino quien quiera restarse de esta maravillosa causa país.

1 Comentario

  1. Nora

    Un aporte muy interesante. Gracias por la ilustración. Reciba un cordial saludo.

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