Hoy existen importantes brechas respecto del trato y el acceso a la información que reciben las personas, especialmente patente respecto de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. La discusión constitucional abre un importante espacio para el debate de esta realidad en la perspectiva de abordar esas diferencias en favor de la transparencia, el uso responsable de los datos y la ampliación del acceso a la información.
Este fue uno de los principales temas que tratamos en nuestra segunda entrevista de datos abiertos con María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, una organización fundada en 2005 y comprometida con “el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital”, centrados en la libertad de expresión, la privacidad y protección de los datos personales, derechos de autor y acceso al conocimiento.
Al respecto, María Paz Canales planteó que la situación de emergencia sanitaria que ha vivido el país por más de un año planteó un cambio en la forma en que se desarrollan las interacciones entre el Estado y la sociedad civil. De esta forma, allí donde la implementación de plataformas digitales debió establecer un puente para facilitar los servicios que requiere la ciudadanía, quedaron de manifiesto importantes problemas en el trato que reciben las personas que pertenecen a algún grupo vulnerable o forman parte de la diversidad sexual.
En palabras de María Paz, estos grupos “no tienen una identidad digital frente al Estado”. En este sentido, las restricciones del espacio digital se asemejan al del espacio “offline”, sumado mayores barreras a las limitantes en la accesibilidad a capacitaciones, recursos económicos e información que han sufrido mujeres, niñas, adolescentes y la comunidad LGBTIQ+.
Según plantea la directora de Derechos Digitales, previo a la pandemia hubo pocos esfuerzos por reforzar estas debilidades en los espacios digitales, por ejemplo, respecto de las garantías de seguridad, ya sea de los datos o de seguridad de las personas ante casos de violencia, amenazas o mal uso de su información.
En este sentido, hizo un énfasis en la emergencia de identidades que producen nuevos circuitos de datos y en la importancia de los “datos con propósito”, un principio de la recolección de datos de la ciudadanía que implica su uso responsable, además del deber de los agentes estatales de transparentar los fines con los que se recogen estos datos.
De esta forma, indicó, se hace necesaria la evaluación de los índices reales de acceso y conectividad, para prevenir que la emergencia de estas identidades pase desapercibida ante las decisiones de políticas públicas, haciendo sensible a estas identidades más específicas la recolección de datos y tomando en cuenta los casos de interseccionalidad.
También recalcó la existencia de los sesgos que afectan el diseño de las plataformas digitales y algoritmos, donde la visión de las personas que diseñan estas plataformas es determinante. Sobre este punto subrayó la necesidad de rescatar equipos multidisciplinarios y representativos de la sociedad civil, en particular en el caso de mujeres y diversidades sexuales, con miras a la reducción de las brechas para abarcar la sensibilización en la recolección de los datos.
En este sentido relevó el trabajo realizado a partir del Open Data Charter (Carta Internacional de los Datos Abiertos) y subrayó que hasta hace poco tiempo existía menos consciencia sobre la forma en que “la data” construye realidades. Al respecto, indicó que se trata de un cambio positivo el grado de visibilidad y preocupación que existe por estos temas con la inclusión de perspectivas de derechos humanos, económicos y de acceso, entre otros, que permiten contribuir a una narrativa que cierre estas brechas con un foco en las interacciones de la ciudadanía con el Estado.
A partir de lo anterior, la inclusión de la sociedad civil en el desarrollo de las plataformas digitales resulta auspiciosa. Sin embargo, se apuntó que los esfuerzos de las autoridades chilenas por crear herramientas digitales para la ciudadanía se vieron obstaculizados por la ausencia de la confianza de las personas para su uso. Como señala María Paz (2021), uno de los factores fundamentales es que “toda intervención tecnológica tiene que ir acompañada de una narrativa de transparencia”.
Explicó que, en este contexto, las comunidades de datos abiertos tienen un rol fundamental en el proceso constituyente para establecer la apertura, acceso y el uso responsable de los datos junto a la ciudadanía.
De esta forma, el aporte de las universidades o de organizaciones como la propia Fundación Abriendo Datos, bien pueden formar parte de marcos legislativos que resguarden las garantías de protección de los datos, acceso a la información y la privacidad para la ciudadanía.
En este sentido, María Paz señala que algunos de los elementos centrales que deben formar parte de este debate constituyente son:
- Mantener garantías de la libertad de expresión y su eventual aplicación a los marcos de las plataformas digitales.
- Protección de los datos y de la privacidad concordante con su modificación (2018) realizada en la actual carta magna.
- Protección de los datos tomando en cuenta la perspectiva de los datos colectivos, pertenecientes a grupos, sectores y comunidades.
- Ampliación del acceso y la conectividad, para asegurar que las decisiones de políticas públicas se encuentre la perspectiva de grupos vulnerables y, en general, de toda la sociedad civil.
Una vez finalizada la entrevista, concierne entender que las brechas en el trato y el acceso a la información que reciben las personas, especialmente mujeres y la comunidad LGBTIQ+, es un problema fundamental que requiere discusión en el debate constitucional. A pesar de los avances, es necesario contar con mayores opciones que confluyan en una mejor solución.
Por consiguiente, el uso de los datos con propósito debiese ser un valor fundamental para la construcción de plataformas digitales, que contengan un enfoque integral de acceso a la información, esté orientado hacia la transparencia y resguardo de los datos y, donde equipos multidisciplinarios y representativos de la sociedad civil permitan generar lazos y una mejor interacción entre la ciudadanía y el Estado.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://flacsochile.org/wp-content/uploads/photo_2021-05-06_18-37-36.jpg[/author_image] [author_info]María Paz Canales es directora ejecutiva y miembro fundadora de la Fundación Derechos Digitales, organización sin fines de lucro basada en Chile que trabaja en la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en el entorno digital en América Latina.[/author_info] [/author]
