Desigualdad digital, nueva Constitución y la urgencia de infraestructura ¿Qué hacemos?

[author] [author_image timthumb=’on’]https://flacsochile.org/wp-content/uploads/2020/11/rodrigo-ramirez.jpg[/author_image] [author_info]Doctor en comunicación audiovisual y mercado digital. Director Políticas públicas de desarrollo digital en Flacso-Chile y Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Ex Subsecretario de Telecomunicaciones.[/author_info] [/author]

¿Cuál es el problema?

Las personas pasan un promedio de 10 y hasta 17 horas diarias en sus pantallas (teléfonos móviles, tablet, dispositivos para juegos, computadores) (Nielsen, 2020; Faleiro, 2020), tiempo que se gasta principalmente navegando dentro de las grandes plataformas digitales. Durante estas horas, las personas realizan actividades fundamentales para la comunicación y para el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos, por ejemplo, acceden a información, comparten sus ideas, socializan y realizan transacciones. Las personas habitan el espacio digital de forma cada vez más parecida a la manera en la que ocupan el espacio físico. ¿Estos resultados describen a todos los ciudadanos por igual?

Según Unicef, dos tercios de los niños en edad escolar del mundo, es decir,1.300 millones de niños de entre 3 y 17 años, no tienen conexión a Internet en sus hogares. Esta cifra aumenta si consideramos a los menores de 25 años, donde 2 de cada 3, es decir 2.200 millones, no tienen acceso a Internet en el hogar. Mientras en América Latina, los niños en edad escolar, de 3 a 17 años, que no acceden a una  conexión a Internet en el hogar alcanzan a 74 millones (ver datos aquí).

Según CEPAL, en nuestra región, las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas. Así, el 67% hogares urbanos está conectado a Internet, pero en las zonas rurales solo lo está el 23% de ellos. En el caso de Bolivia, El Salvador, Paraguay, Perú, el porcentaje alcanza al 90% de los hogares rurales. En países como Chile, Costa Rica y Uruguay, sólo cerca de la mitad de los hogares rurales contaba con hogares conectados (CEPAL, 2020).

Específicamente, el 42% de los menores de 25 años y el 54% de los mayores de 66 años no tienen conexión. Mientras que para sus presupuestos mensuales, el servicio de banda ancha móvil y fija para el primer quintil representan el 14% y 12% de sus ingresos.  40% de la población de ingresos más bajos de la OCDE tiene que asignar el 2% de sus ingresos mensuales para acceder a una tarifa básica de banda ancha móvil de 1 Gb; mientras que sus pares de América Latina deben destinar el 10% de sus ingresos mensuales.

En Estados Unidos, 42 millones de estadounidenses no tienen acceso a banda ancha, especialmente en áreas rurales. 157,3 millones de personas no acceden a Internet a velocidades de banda ancha. Esto no solo en América Latina, según el propio Microsoft, en la potencia norteamericana la mitad de los estadounidenses no acceden a velocidades sujetas a llamarse de Banda Ancha. Por ejemplo, en New York City, el 35% de los hogares con ingresos inferiores a US$20,000 no tienen internet (ver datos aquí).

Más aún, en el año 2020, 12 millones de hogares estadounidenses han cancelado su servicio de banda ancha en el hogar y utilizan solo banda ancha móvil para sus necesidades de Internet. En el informe titulado “Adopción y Percepción de la Banda Ancha” se concluye que hay más de 15 millones de hogares en Estados Unidos que solo tienen un servicio de banda ancha móvil, lo que incluye a más de tres millones de hogares que nunca han tenido una suscripción a Internet fijo en el hogar.

La desigualdad digital en Chile

El caso de Chile, según cifras de la OCDE (2019) existen 380.000 estudiantes de zonas rurales con bajo acceso a internet, y aproximadamente 1.500 localidades en nuestro país que están con cobertura y servicios deficientes, o prácticamente desconectadas. Según cifras de la OCDE, tenemos un 12.5% de población que no tiene conexión. Entre los países de la OCDE, Chile es el segundo país con la mayor brecha digital después de Turquía, situación que, si se aplica directamente a la educación, constituye una perpetuación de las condiciones de inequidad para las próximas generaciones. Sobre todo, si consideramos que, por esencia, las localidades más pobres y desconectadas, ya cuentan con una peor calidad educativa.

Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, al analizar estas cifras por ciudades importantes con más de 200 mil habitantes además de Santiago, Valparaíso y Concepción, observaron que estas ciudades -que correspondían sólo a un 6,8% del territorio nacional- concentraban el 76% de los hogares con internet fija en el país. Lo que significa que el resto del territorio (93,2%) sólo tendría un 24% de hogares con internet fijo en el hogar (Subtel, 2020).

Si observamos por región, la penetración en las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Arica, cuentan con las tasas más altas: 76%, 69,3% y 68% respectivamente. Y las tasas de penetración más bajas corresponden a las regiones de La Araucanía con 33%, Ñuble con 33,8% y El Maule con 37,4%. (Subtel, 2020).

Si miramos la Región Metropolitana, vemos que la cantidad de conexiones residenciales a internet fija es de 1.551.926, que corresponde al 48,3% de las conexiones totales del país. Si vemos la penetración en comunas de esta región podemos concluir que existen grandes diferencias entre comunas con un alto nivel socioeconómico, como Vitacura y Las Condes que tienen una penetración de 95% y 95,8% y de bajo nivel socioeconómico como La Pintana y Lo Espejo, con un 31% y 45,3%, respectivamente. (Subtel, 2020).

A las cifras anteriores, hay que agregar que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores menos de $550.000 líquidos. Sólo el 20,2% gana más de $750.000 líquidos. El 83,7% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $750 mil líquidos. En el año 2020, en plena pandemia, ingresaron 1.200.000 hogares al Registro Social de Hogares, herramienta para recibir ayudas del Estado, alcanzando un récord de 6.602.000 hogares. (Fundación Sol, 2021) (Ministerio de Desarrollo Social, 2020).

A estos datos, hay que agregar que, objetivamente, Chile es el país mejor conectado de la región. Los indicadores de cobertura, penetración, acceso y uso están muy por sobre la mediana de varios países desarrollados. Un país donde no sólo existen más teléfonos móviles que personas, sino que además tenemos un promedio de consumo per cápita de 15 Gigabyte por mes de la red móvil y 353 Gigabyte en la red fija. Con el Gigabyte más barato en todo el continente (US$0,87), en contar con los proveedores de Internet de banda ancha fija más rápidos de toda América Latina (58.08 Mb/s), con la tasa más alta de comercio electrónico que impacta positivamente en medio punto del Imacec mensual.

Durante estos días, a propósito de las dificultades de continuar las clases de manera virtual por estudiantes que están en zonas apartadas, de difícil acceso o de ingresos bajos, volvemos a preguntarnos ¿Hoy los concesionarios de los servicios no van a estas comunas por desinterés comercial? ¿Puede el Estado tomar un papel más activo? ¿Tienen los municipios alguna capacidad de incidir de manera positiva? ¿Quién tiene que fiscalizar no lo hace? ¿Acceden y usan hoy las nuevas tecnologías los que estructuralmente pueden hacerlo?, ¿No acceder a Internet implica la reproducción de las tradicionales desigualdades o produce una nueva línea de inequidad?,¿Quiénes serán dejados fuera de la ecuación tecnológica, y qué se perderán?, ¿Están las nuevas tecnologías realmente cambiando algo, para quién y de qué manera?

La brecha digital

Se suele usar el concepto de brecha digital, más bien como una categoría dicotómica en la dimensión de acceso. Pero no solo estamos hablando de personas en línea o fuera de línea. No se hace ninguna distinción entre alguien que consulta una cuenta de correo electrónico una vez a la semana y un super usuario que dirige sus negocios en teletrabajo con una ultra banda ancha.

La brecha digital se define como la brecha que existe entre quienes tienen acceso a Internet y a dispositivos confiables y quienes tienen un acceso muy limitado o ninguno. Una referencia que ha quedado corta, ya que es imposible, a estas alturas de la evolución de Internet y de las tecnologías, remitirnos tan solo a la brecha material de acceso para hacer referencia a las características de la división o fractura digital. Así, es necesario distinguir que existen otros tipos de brechas: Una mental, aquella referida a la falta de experiencia digital elemental; otra de habilidades, sin la experiencia tecnológica, computacional, la que no se reduce al simple manejo de hardware y software, sino que es la capacidad de buscar, seleccionar, procesar, aplicar la información en una superabundancia de fuentes; y otra brecha de Uso, que es la carencia de oportunidades de uso. Brechas que deben ser sumadas al comportamiento de ciertas variables propias de las desigualdades sociales como los ingresos, ocupación, educación, género, procedencia étnica, localización geográfica, edad, estado civil, y su impacto en las variables de posesión, habilidades, uso y consecuencias.

Obviamente, la brecha digital, como término, ha tenido su mérito, fundamentalmente por su capacidad de instalarse en la agenda pública.  Con ello ha permitido ser referente a la hora de debatir sobre los problemas que existen en la relación entre los ciudadanos, acceso a Internet y las nuevas tecnologías.  Sin embargo, al limitarse al acceso y a la difusión de tecnologías, al concepto se le exige más, porque la evidencia sugiere que la brecha no desparece, incluso si se alcanza una alta tasa de penetración y cobertura.

Estamos hablando de una desigualdad digital, más que la categoría de aquellos que tienen acceso contra aquellos sin acceso, sino que a un lienzo más dinámico y multidimensional que sobrepasa la penetración y las diferencias de acceso. Por lo menos hay seis dimensiones para abordar este concepto, ya sea por medio de las variables vinculadas (i) la conexión a la red y a la calidad del servicio (ii) equipamientos y herramientas; (iii) autonomía, intensidad, oportunidad y frecuencia de dicho uso; (iv) habilidades y competencias; (v) apoyo social; (vi) propósitos, fines, objetivos y metas para que la tecnología será empleada. Todas estas variables, al momento de ser puestas en común, deben hacerlo desde las características individuales, la posición del sujeto en la sociedad y la evaluación de los resultados en el uso de la tecnología.

La desigualdad digital viene a ser un concepto conflictivo, ya que desde sus causas y consecuencias pone en tensión el concepto mismo de desarrollo, al cuestionar, a lo menos, la miopía de las estrategias de masificar la conectividad y el acceso a Internet, alcance y apropiación tecnológica, por tanto pone en jaque la propia idea del solucionismo tecnológico.

Hubo un refugio colectivo sobre esta idea de que la tecnología iba a solucionar todos los problemas, mágicamente iba a resolver todos los dilemas que tenemos en la sociedad, los políticos, los económicos, los culturales y los sociales. Era cómodo abrazar la idea exponencial de que más conectividad, más datos, mientras más inteligentes seamos, más convergencia entre hombre y máquina, todo va sumando para solucionar la amplitud de los problemas del mundo.

Lo cierto es, lo que estaba mal antes de la pandemia era la desigualdad y la mala distribución de los ingresos, por lo que la tecnología, su acceso y uso, vino a dar cuentas de esas diferencias y a petrificar esas desigualdades.

La desigualdad digital no es un concepto estático. No se trata de categorías simétricas, que se mueven en una misma dirección, sino que pueden desplazarse en direcciones distintas según las causas que se estén registrando en un tiempo y espacio determinado; es decir, puede que en una región se experimente una notoria disminución de la brecha de acceso físico a Internet, al teléfono móvil o al computador, pero que aumente las brechas de habilidades, competencias y de uso. Las desigualdades particulares pueden ser más profundas que las desigualdades totales.

La desigualdad digital más que un problema técnico es un problema político. Es una expresión de la “sindemia”, donde lo digital se instala sobre problemas, inequidades y desigualdades previas que generan impactos asimétricos en la población, por eso no son simples dicotomías de brechas, sino que es la expresión estructural de las actuales desigualdades.

Una propuesta

La desigualdad digital está a un mismo nivel que las desigualdades absolutas. De ahí que contar con mínimos digitales que resguarden el desempeño digno y mejore la calidad de vida de los ciudadanos, no es un anhelo marginal. Esto permitirá proveer de la accesibilidad necesaria a las actuales y nuevas tecnologías, no importando los atributos socioeconómicos de quienes las requieran.

Un Bienestar Digital Digno implica contar con los mínimos digitales básicos, desde asegurar un acceso diario a Internet, que es lo mínimo que necesitamos para ver beneficios reales para el trabajo, la educación y la comunicación;disponer de los dispositivos apropiados para la tarea que tenemos enfrente; tener los gigas necesarios, los suficientes datos para realizar ciertas tareas en línea;  acceder a una conexión rápida y a un servicio de calidad y contar con la asequibilidad, un presupuesto mensual, para disponer de esos servicios.

Sin acceso a dispositivos y conectividad confiables, miles de chilenos corren el riesgo de quedar fuera de los mínimos sociales que implica no estar conectado, sin información vital sobre salud y seguridad, sin trabajar desde sus casas, sin aprendizaje en línea, sin la oportunidad de expresar sus puntos de vista y sin participar en el comercio electrónico y la economía digital.

Acceder a Internet con un plan mínimo de gigas per cápita, poseer los dispositivos adecuados y hacer uso de los servicios digitales del Estado deben ser parte de una “canasta digital básica”, una expresión objetiva de los mínimos vitales y necesarios para vivir en condiciones que no nieguen la dignidad.

Un Estado debe promover el bienestar digital de sus ciudadanos y no precarizarlo. Hoy la ausencia y carencia de disponer de Internet, como la infraestructura habilitante, es no contar con bienes y servicios considerados esenciales, tales como alimentación, salud, vivienda, educación o vestimenta.

Hoy estamos en medio de un proceso constituyente que elaborará la próxima Constitución política del país. Por tanto es pertinente preguntarse si una Constitución del Siglo XXI debe resguardar los derechos y deberes digitales mínimos para el desarrollo digno de los ciudadanos? Qué y cuáles acciones y políticas deben definirse que contribuyan a promover la inclusión tecnológica digital para no seguir perpetuando las desigualdades sociales?

Así como hemos normado al ciudadano analógico, tiene cabida regular a la ciudadanía digital, porque es evidente que no es solo un tema de internet, dispositivos y de avances tecnológicos, estamos hablando de una transformación que abarca todos los aspectos de la vida. En ese camino la Convención Constituyente deberá enfrentar, en los próximos meses, el debate respecto de la forma en que nuestro país abordará los derechos y deberes digitales en el contexto de la sociedad digital.

El debate para la nueva Constitución, a través de una discusión abierta, profunda y participativa sobre los derechos digitales abrirá una conversación sobre si establecer el acceso a Internet como un derecho y definir la esencialidad de su servicio; cómo definiremos la privacidad, el uso de datos personales y la soberanía de los datos; si estableceremos la soberanía nacional digital, la identidad y autonomía digital; cómo delineamos la ética de la Inteligencia Artificial; cómo abordamos la seguridad en las redes y la economía de plataformas, la relación hombre/máquina, el humanismo tecnológico y el impacto de la tecnología en el mundo laboral y educacional.

Actualmente, armonizar cuestiones propias del medio tecnológico, como el acceso y la reutilización de datos, la seguridad y conectividad, con los derechos civiles tradicionales representa un gran desafío que incide directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, crecientemente inmersos en la sociedad digital.

En ese camino, la Convención Constituyente deberá enfrentar, en los próximos meses, el debate respecto de la forma en que nuestro país abordará los derechos digitales y el uso de datos. Saltar hacia una etapa donde la creación de datos abiertos no sea por defecto sino con ‘propósito’, como un bien público y como factor habilitante y democrático. La infraestructura digital habilitante existente en el país, en pleno 2020, estaba en condiciones de que la presencia del COVID hubiese sido  un espacio de experimentación en tiempo real, con el uso abierto de datos y el acceso a información pública como parte de la estrategia sanitaria. Aún el Estado de Chile no tiene las facultades para garantizar el uso ético de los datos para crear valor público, promover la apertura y mejorar la vida de las personas, en el hogar, en sus actividades económicas y en la calidad y oportunidad de acceder a los servicios del Estado.

Por de pronto, para enfrentar la desigualdad digital y la inequidad territorial, se debe desplegar un Plan maestro de despliegue de infraestructura digital, como el gran factor habilitante, junto a los municipios, ya que si se aumenta un 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio, éste tiene impacto positivo los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, en reducir pobreza, en incrementar la atención y calidad de salud y bienestar colectivo, se incrementa el trabajo decente, hay más crecimiento económico, más calidad y acceso a la educación, sube la participación en los ingresos de los quintiles más pobres; hay un efecto positivo en la acción por el clima. Es decir, disponer y acceder a una conectividad digital tiene un impacto objetivo y medible en mejorar la vida de los ciudadanos (BID, 2020).

Los elementos que debe contener un Plan Maestro para el despliegue de la infraestructura digital debe dar cuenta de una planificación a corto, mediano y largo plazo, con metas e indicadores objetivos y medibles, pertinente a cada contexto local y vinculante entre los organismos del Estado, considerando al menos los siguientes aspectos:

  • Promover a los operadores de infraestructura, neutrales y abiertos
  • Fomentar inversión hasta la última milla,
  • Establecer un Régimen concesional único,
  • Establecer una Ventanilla Única,
  • Establecer la compartición de lnfraestructura,
  • Definir una Regulación convergente,
  • Hacer valer el “silencio administrativo positivo”,
  • Construir Ranking comunales de Indicadores de infraestructura digital con una Smart Data abierta,
  • Recoger códigos de buenas prácticas y modelos de ordenanzas municipales,
  • Difundir campañas de educación pública sobre efectos de el impacto de las redes de telecomunicaciones,
  • Actuar con el instructivo presidencial del año 2018 considerando la disponibilidad de infraestructura pública, dependencias del Estado y bienes nacionales de uso público,
  • Crear un regulador independiente, robusto y con capacidad, para el sector de las telecomunicaciones,
  • Incentivos para el desarrollo de una red de entrega de contenidos o CDN (Content Delivery Networks),
  • Modificar y elaborar un cambio estructural al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que incluya una nueva aproximación a los subsidios a la demanda,
  • Definir Incentivos tributarios para quienes presenten planes de despliegue en zonas de baja conectividad,
  • Actualizar la Ley General de Telecomunicaciones,
  • Acuerdos con las Asociaciones de Municipalidades,

Más detalles del Plan Maestro, aquí 

 

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Jorge Beweis Román

 

 

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Gonzalo Gúzman

 

 

Cientista Político, con dedicación en el ámbito sociopolítico y de investigación académica, dispuesto a enfrentar desafíos que me permitan seguir creciendo profesionalmente, aportando tanto al cumplimiento de los objetivos, como el de mis habilidades.

En ese ámbito, he desarrollado intereses en materias sobre acceso a la información, transparencia, datos abiertos, así como en el ámbito de investigación social.

He enfrentado diferentes retos que me han permitido entender que aspectos como la motivación, la organización y el compromiso son fundamentales para ejecutar labores de forma óptima. Me esfuerzo constantemente en el cumplimiento de sus metas sobreponiéndose a su dificultad, incluyendo si estas se encuentran fuera de mi expertiz profesional, siendo capaz de cumplir con actividades de carácter administrativo, comunicacional o de dirección.

Patricio Urriola

 

 

Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con mención en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. 7 años de experiencia en áreas como: marketing, inclusión, gobierno local, principalmente en tecnología de la información, políticas de gobierno digital y apertura de datos públicos, se ha desempeñado en investigación, innovación y gestión de proyectos en organizaciones de la sociedad civil.

Experiencia supervisando campañas, dirigiendo proyectos, elaborando propuestas de regulación, liderando equipos, consultorías y construyendo redes orientadas a resultados, autonomía, con capacidad para resolver problemas introduciendo elementos creativos e innovadores, proactivo y con capacidad de adaptación.

Felipe Neumann

 

 

Periodista con Mención en Comunicación Estratégica. Ha trabajado en agencias de publicidad y productoras audiovisuales, con manejo de redes sociales, edición de productos transmedia y contenido web. Realización de material fotográfico y video, en conjunto de piezas gráficas.

Contactar: fneumannm@uft.edu

Marcela Guzmán

 

 

Ingeniero Comercial, licenciada en Economía de la Universidad de Chile; Diplomada en Economía Financiera de la Universidad de Chile, Egresada del programa Master en Economía de la Universidad de Georgetown – Instituto de Estudios Económicos y Sociales (ILADES, Chile). Tiene diversas publicaciones en las áreas de su especialidad.

Ha sido Jefa del Departamento de Estudios y de la División de Control de Gestión de la Dirección del Presupuestos del Ministerio de Hacienda; Secondment en Budget and Management Division, OECD; miembro en dos directorios de empresas públicas; docente en temas de gestión y presupuestos en las facultades de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Actualmente es consultora nacional e internacional y docente de la Maestría en Gerencia para el Desarrollo de FLACSO Chile.

Áreas: Gestión Pública; presupuesto público.

Contactar: mguzman@axiamas.cl

Marcelo Ramírez

 

 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, Magister en Ciencia Política por la Universidad de Chile, Master en Recursos Humanos de ICADE-Universidad Pontificia Comillas y Profesor de Historia y Geografía de la UMCE. Es profesor de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile y de FLACSO.

Consultor nacional e internacional. Se ha especializado en procesos de descentralización, planificación y gestión territorial. Socio fundador y miembro del directorio del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Se ha desempeñado como Jefe de la División de Planificación Regional de Mideplan (1999-2003) y como Jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subdere (2014-2018).

Áreas: Planificación del desarrollo regional; prospectiva estratégica; y políticas públicas.

Contactar: mjramirezv@gmail.com

Neida Colmenares

 

 

Doctora en Gobierno y Administración Pública por Universidad Complutense de Madrid. Máster en Políticas Públicas por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de España; Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), y Politóloga, por la UVM en Venezuela, título revalidado por la Universidad de Chile, estudios a nivel de diplomado en Género (FLACSO Chile), Docencia para la Educación Superior (Ucen) y Planificación Multiescalar y Gobernanza Multinivel (CEPAL-ILPES).

Más de 15 años de experiencia en el área de política y programas sociales en varios países de América Latina y el Caribe. Ha sido consultora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), académica e investigadora de FLACSO Chile, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), y de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

Áreas: Política y programas sociales; planificación económica y social.

Contactar: neida.colmenares@flacsochile.org

Marcela Díaz

 

 

Licenciada en Antropología, Universidad de Chile, Suficiencia Investigativa y estudios de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Obtuvo la beca para estudios doctorales del Instituto de Cooperación Iberoamericana – ICI y beca para tesis de postgrado de la Organización Panamericana de la Salud – OPS.

Investigadora, docente y consultora por 29 años en el ámbito de las reformas públicas y estatales, la inclusión social y el desarrollo, con énfasis en género, pueblos indígenas y comunidades rurales y urbanas. Se ha desempañado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en diversos períodos, desde 1991 a la fecha, realizando estudios, docencia y asistencia técnica en colaboración con Naciones Unidas, Unión Europea, Cooperación Internacional Bilateral (Coop. Italiana, Sueca y Española) y Organismos Multilaterales (Secretaría General Iberoamericana, Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo y Fondo Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe).

Ha realizado docencia y extensión en la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Pontificia Universidad Católica, Council for International Educational Exchange – CIEE y Stanford University. Entre 2008 y 2011 fue funcionaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo – AECID, ocupando el cargo de Responsable de Proyectos de Cooperación en la Oficina Técnica de Chile.

Áreas: Comunidad, cultura/patrimonio, territorio y Desarrollo Sostenible (Chile, 2001 a la fecha); Reformas públicas y estatales, igualdad de género, derechos e inclusión de las mujeres en Chile y Latinoamérica (1991 a la fecha).

Contactar: marcela.diaz@flacsochile.org

Nelson Guzmán

 

 

Ingeniero Comercial con especialidad Economía de la Universidad de Chile, Diplomado en Gerencia Social (INDES-BID) y Evaluación Experimental (J.Pal). Coautor de publicaciones y capítulos de libros sobre gerencia pública y evaluación ex ante de programas.

Analista del Departamento de Asistencia Técnica de la División de Control de Gestión en la Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda. Consultor BID, ILPES y FAO, entre otros. Docente de pregrado y posgrado en la Universidad Central, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Concepción, Universidades Católica de Valparaíso, Universidad de Chile y en FLACSO.

Áreas: Formulación de programas sociales, metodologías de evaluación y control de gestión en el sector público, gerencia pública y economía del sector público.

 Contactar: ngb201@gmail.com

Iván Silva

 

 

Economista de la Universidad de Chile, Master en Estudios del Desarrollo con especialidad en Planificación y Política Económica del Instituto de Estudios Sociales de la Haya, Holanda. Tiene distintos artículos, documentos y capítulos de libros en áreas de su especialidad.

Ha sido Director del Área de Desarrollo Local y Regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de CEPAL, Naciones Unidas. Actualmente es consultor independiente, entre otros de CEPAL, ILPES, BID, FLACSO y profesor en distintos organismos académicos.

Áreas: Desarrollo Local y Regional, Competitividad Territorial, Planificación Estratégica y Programación de Inversiones.

Contactar: ivan.silvalira@hotmail.com

Gonzalo de la Maza

 

 

Sociólogo por la Universidad Católica de Chile, D.E.A. en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia y Doctor en Sociología por la Universidad de Leiden, Holanda. Ha publicado diversos libros y artículos en su especialidad. Ha sido profesor visitante en Harvard University y en la Universidad de Lisboa.

Profesor Titular de la Universidad de Los Lagos en Santiago, donde es: investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER); Director del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales y Director de POLIS, Revista Latinoamericana.

Fue fundador y primer presidente de ACCION, Asociación Chilena de ONG. Ha sido consejero y presidente del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y en 2016 fue Presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Áreas: Relación Estado-sociedad, descentralización y participación ciudadana.

 Contactar: gonzalo.delamaza@ulagos.cl

Eugenio Espinoza

 

 

Economista de la Universidad de Chile; Magíster en Administración y Dirección de Empresas (MBA); Doctorando en Economía y Empresas de la Universitat Jaume I, España; Diploma en Evaluación de Proyectos, Universidad de Chile; Curso de Especialización en Gerencia Social y en Implementación de Programas Sociales, INDES-BID.

Ha realizado docencia en los ramos de economía y finanzas. Cuenta con diferentes investigaciones en temas de políticas públicas habitacionales y urbanas y economía urbana. Realizó una dilatada carrera profesional en el sector público en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desempeñando labores en la División de Política Habitacional; División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional; Programa Chile Barrio y Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos.

Pablo Bravo

 

 

Sociólogo por la Universidad Católica de Chile, D.E.A. en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia y Doctor en Sociología por la Universidad de Leiden, Holanda. Ha publicado diversos libros y artículos en su especialidad. Ha sido profesor visitante en Harvard University y en la Universidad de Lisboa.

Profesor Titular de la Universidad de Los Lagos en Santiago, donde es: investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER); Director del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales y Director de POLIS, Revista Latinoamericana.

Fue fundador y primer presidente de ACCION, Asociación Chilena de ONG. Ha sido consejero y presidente del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y en 2016 fue Presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Áreas: Relación Estado-sociedad, descentralización y participación ciudadana.

Contactar:  pbravodiaz@yahoo.es

Víctor Hernández

 

 

Administrador Público de la Universidad de Los Lagos, Diplomado en Políticas Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y en Desarrollo Organizacional y Local de la Universidad Bolivariana.

Actualmente es profesional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y profesor de la cátedra de Desarrollo Local y Regional en la Universidad Alberto Hurtado.

Se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión Asesora Presidencial, en materia de descentralización y de la mesa de trabajo sobre capital humano, integrada por representantes de las bancadas parlamentarias regionalistas y el gobierno; ha desarrollado asesorías públicas y privadas en materias de gestión pública, gestión de calidad, gestión territorial; y durante los últimos cinco años ha efectuado múltiples difusiones y capacitaciones, a distintos actores, en materia de descentralización política y administrativa.

Áreas: Gestión Pública, Descentralización y Desarrollo Territorial.

Contactar:  vhernandezpalma@gmail.com

Viviana Díaz

 

 

Administradora Pública, Licenciada en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Diplomada en Finanzas, Universidad Alberto Hurtado. Diplomada en Microfinanzas, Frankfurt School of Finance and Management.

Asesora en áreas de Planificación Estratégica, modelos y metodologías de gestión e Indicadores. En el ámbito profesional se ha desarrollado en las áreas de Planificación y Control de Gestión y en el diseño e implementación de programas en instituciones públicas. Tiene vasta experiencia docente relacionada a la gestión y la planificación en distintos niveles, además se ha desarrollado como consultora de instituciones y equipos de trabajo en diversas áreas del sector público.

Áreas: Planificación Estratégica, Balanced Scorecard, Construcción de Indicadores, Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales.

Contactar: vdiaz@live.cl

Yazmín Balboa

 

 

Constructor Civil de la Universidad Técnica del Estado, Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera, Diplomada en Gestión Estratégica Regional en Infraestructura de la Universidad de Chile, Diplomada en Alta Gestión Pública de la Universidad de Chile. En las áreas de su especialidad, ha ejercido diversas asesorías y participado como expositora en eventos nacionales e internacionales.

Ha sido Directora Nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, SEREMI de Obras Públicas del MOP y Directora de SERVIU en la región de la Araucanía, Presidenta del directorio de la Empresas de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A., ESSAR y Consejera del honorable Consejo Superior, Universidad Católica de Temuco.

Áreas: Gerencia Pública, Gerencia Social, Gestión Territorial, Derechos Indígenas (Convenio 169 OIT).

Contactar: yabalboa@yahoo.com

Natalia Pergentili

 

 

Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile, Máster en Estudios Políticos de la Universidad Complutense de Madrid – Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Diplomada en Comunicación, Políticas Públicas y Estrategias de Desarrollo Universidad de Chile. Diplomada en Comunicación y Estrategia Universitat Autónoma de Barcelona. Tiene diversos capítulos de libros y artículos en las áreas de su especialidad, ha sido miembro de Comisiones Presidenciales en el tema de descentralización.

Ha sido Subsecretaria de Economía y Jefa de División de Desarrollo Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional. Actualmente es directora del área de descentralización y cohesión territorial de la Fundación Chile21, docente en FLACSO y en la Universidad de Santiago de Chile, además de consultora en desarrollo territorial y en relacionamiento con comunidades.

Contactar: n_piergentili@hotmail.com

Claudio Maggi

 

 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias de Ingeniería mención Desarrollo Económico, Universidad de Chile, Diplomado en Gestión Territorial del Desarrollo, en el Politécnico de Milán. Tiene diversas publicaciones en autoría y co-autoría en capítulos de libros y artículos en las áreas de su especialidad.

Ha sido Gerente de Desarrollo Competitivo y de Innovación en CORFO, Gerente de Desarrollo en Fundación Chile y Director de Desarrollo e Innovación en la Universidad de Concepción. Actualmente desempeña los cargos de Secretario Ejecutivo de la Fundación de Transferencia Tecnológica – UNTEC, y de Director Edel Programa de Emprendimiento e Innovación Open Beauchef, ambos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Contactar: cmaggi@ing.uchile.cl

Carlos Zambrano

 

 

Economista de la Universidad de Chile, Máster en Desarrollo Económico y Economía Internacional  y Doctor en Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido Jefe de Asesores de la Tesorería General de la República; Jefe del Área de Estadísticas y Análisis de Corto Plazo del Banco Central de Chile; Gerente General de ASERTA Consultores; Director de Estudios del Programa de Economía del Trabajo.

También ha realizado consultorías para organismos públicos e internacionales y labores académicas en las universidades de Santiago, Los Lagos, Central, Diego Portales, UAHC.

Contactar: carlos.zambrano@flacsochile.org

Claudia Chávez

 

 

Ingeniero Estadístico, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Bioestadística, Universidad de Chile, Diplomada en Big Data para políticas públicas y Magister en Inteligencia Artificial (c), Universidad Adolfo Ibañez.

Su experiencia abarca investigación y desarrollo en distintas evaluaciones estandarizadas de gran escala, ha participado en diversas investigaciones en Salud y Educación. Es docente de Metodología de la Investigación y Bioestadística en la Universidad San Sebastián, y Machine Learning para el diplomado de Data Science de la Universidad de Santiago de Chile. Además de ser asesora metodológica estadística para la Organización Panamericana de la Salud.

Contactar: claudia.chavez@flacsochile.org

Lucas Cifuentes

 

 

Licenciado en Sociología por la Universidad de Chile, Maestría Internacional en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Central de Chile/Universitá di Bologna.

Coinvestigador de proyectos de investigación ‘Repertorios de acción sindical bajo condiciones de subcontrato en los sectores cupríferos, forestal y portuarios’ y ‘Nuevos repertorios de acción sindical frente a las transformaciones del mundo del trabajo en Chile’, ambos financiados por Fondecyt.

Desde 2009 se ha desempeñado como asesor e investigador sindical en los sectores del subcontrato minero, portuario, forestal, bancario y la construcción.

Contactar: lucas.cifuentes@flacsochile.org

Verónica Cenitagoya

 

 

Antropóloga Social de la Universidad de Chile. Trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Chile (FLACSO Chile) como investigadora y docente, participando en formulación, implementación y ejecución de proyectos. Actualmente se desempeña como coordinadora e investigadora del proyecto denominado “Trayectorias/prácticas juveniles en tiempos de pandemia de COVID -19” de FLACSO Chile en asociación con las sedes de FLACSO Brasil México, Cuba, Ecuador y Argentina.

Sus áreas de trabajo y experiencia son inclusión social, participación ciudadana, juventudes y género.

Contactar: veronica.cenitagoya@flacsochile.org

Marcela Gajardo

 

 

Graduada en Educación en la Universidad Católica de Chile y Master of Arts en Sociología de la Universidad de Essex, Inglaterra. Visiting Scholar de la Universidad de Harvard (2015-2016) y Consejera Técnica Especializada del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México (2014-2019).

Ex directora de estudios de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (1990-1995), también se ha desempeñado como asesora y consultora senior junto a organismos internacionales como UNESCO/OREALC, OEA, IICA e IDRC.

Cofundadora y ex directora del Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe, PREAL, (1996-2014), formó parte y llegó a presidir el Consejo Asesor del Global Monitoring Report (actual GEM) con sede en UNESCO, París (2001-2011).

Autora de libros y artículos sobre educación y desarrollo, ha sido profesora invitada en universidades chilenas y extranjeras y participado como conferencista en seminarios internacionales realizados en América Latina, Europa y algunos países de Asia, entre ellos China y Japón. Actualmente coordina una plataforma regional de desarrollo educativo bajo el amparo institucional de FLACSO-Chile.

Áreas Temáticas: educación y desarrollo; investigación aplicada; evaluación y análisis de políticas educativas.

Contactar: marcela.gajardo@flacsochile.org

María José González

 

 

Cientista Político, Universidad Diego Portales y Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. 

Investigadora del Programa de Trabajo, Empleo, Equidad y Salud (TEES), FLACSO-Chile. 

Se desempeñó como asesora del gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud; como investigadora parte del equipo que diseñó y analizó la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo y Equidad (ENETS) de Chile; y en distintos proyectos de investigación sobre temáticas referidas a la salud de los trabajadores.

Contactar: mariajose.gonzalez@flacsochile.org

Eduardo Menz

 

 

Ingeniero Comercial y Administrador Público Universidad de Chile. Magíster en Gestión y Políticas Públicas Universidad de Chile. Phd(c) en Políticas Públicas Universidad de Leiden.

Coordinador Académico e Investigador FLACSO-Chile. Se ha desempeñado como coordinador y académico en diversos programas docentes en áreas de políticas y gestión pública, así como investigador y consultor para numerosos proyectos de alcance nacional e internacional.

Ha sido consultor para diferentes organizaciones públicas e internacionales, tales como FAO, BID, OEA, FLACSO, entre otras.

Contactar: eduardo.menz@flacsochile.org

María Teresa Cárdenas

 

 

Contactar: marite.cardenas@flacsochile.org

Alex Sanchéz

 

 

Abogado y licenciado en Ciencias Biológicas que ha desarrollado una carrera en temas ambientales. Ha trabajado liderando ONGs, y en asesoría para tomadores de decisión en incidencia política, comunicación política de temas ambientales, agua, energía y minería y docencia. Además, ha asesorado en la construcción de políticas públicas y leyes en áreas estratégicas para el país, y ha trabajado en el diseño de proyectos tecnológicos-ambientales.

Sergio Soza

 

 

Cientista Político UC. Magíster en Ciencia Política, mención en Política Comparada por Sciences Po Paris.

Ha realizado investigaciones en Chile y Bolivia, estudiando el proceso constitucional chileno, indagando en los determinantes de las actitudes políticas entre adolescentes en Bolivia, y modelando las relaciones entre incorporación y poder político en Argentina y Bolivia.

Marcela Zambrano

Marcos C. Gibson

 

 

Abogado. Profesor e Investigador. Consultor en Ambiente y Cambio Climático. Coordinador del Diploma Superior en Cambio Climático “Desafíos Éticos para las Políticas Públicas”. Observador permanente en la Cumbre Cambio Climático de ONU (COP). Candidato a Magister en Política, Derecho y Gestión Ambiental (Universidad Austral). Sustainability Training & Mentor de The Climate Reality Leadership Corps., del Premio Nobel Al Gore. Diplomado Mod. Investigación en Derecho Ambiental (Universidad de Buenos Aires) –Posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública (Universidad de San Andrés y George Washington University). Subdirector del Grupo de Investigación Ambiental U.C.A.L.P. (Directores: Dr. Néstor Cafferata y Dr. Claudio Fede).

Paula Forttes

Trabajadora Social con más de 25 años de experiencia profesional y laboral, con formación en gerontología, procesos colaborativos y gerencia de servicios sociales y de salud. Experta en políticas públicas con foco en cuidados, personas mayores y tareas de advocacy en materias de envejecimiento y vejez a nivel nacional e internacional. 

 

He desempeñado labor docente en diversas universidades del país, de consultoría en Naciones Unidas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, la Comunidad Europea, Fondo EUROsocial+.

 

En el ámbito privado me he desempeñado como directora general de la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, iniciando la Teleasistencia en Chile y actualmente como Gerente General de la empresa TelemedCare Chile implementando servicios de telemonitoreo en salud, telemedicina y cuidados. 

 

En el ámbito de la gestión pública como Directora de la Secretaria del Adulto Mayor en la Municipalidad de Santiago, como Delegada Provincial de Santiago (Gobernadora), como asesora experta en políticas públicas en los Ministerios de Interior y Hacienda, como Directora Nacional en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como Delegada Presidencial para el cierre de los procesos de Reconstrucción de las zonas afectadas por el volcán Chaitén, y los terremotos de Tocopilla y zona centro sur del 27.F 2010, posteriormente  como Directora Sociocultural de la Presidencia de la República de Chile, presidiendo siete Fundaciones cuyas labores están dirigidas a población en situación de vulnerabilidad, la generación de programas y servicios innovadores en colaboración con la política pública, Creadora del Programa Chile Cuida. 

 

En la actualidad me desempeño como Presidenta de la Fundación Adulto Mayor Clotario Blest Riffo y como Gerente General de TelemedcareChile Servicios Sociosanitarios SpA.

 

He desarrollado para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS el Protocolo iberoamericano y malla de formación en Cuidados 2019 y el Manual y Protocolo Iberoaméricano contra el maltrato a las personas mayores 2020.

 

He desarrollado asistencia a Gobiernos en materia de envejecimiento y cuidados, (Uruguay 2013, Ecuador 2019-2020, Perú, 2020-2021).

 

Me ha correspondido a través del Programa Eusocial+ sistematizar la Red cuidar. 2022.

Matías Eyzaguirre

 

 

Cientista Político UC. Su investigación se enfoca en la evolución y los determinantes de la permanencia de los sistemas de partidos y su vinculación con el desarrollo de los regímenes institucionales del bienestar.

Previamente participó como investigador asistente en el proyecto Parlamentarios y Representación Política de FLACSO Chile.

Carolina Abrigo

Manuel Valenzuela

 

 

Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Ha realizado investigaciones sobre política contenciosa en América Latina y políticas sociales.

Sus áreas de interés abarcan temáticas de desigualdad en América Latina, políticas sociales y las metodologías de investigación social, con particular interés en los métodos cuantitativos.

Contactar: manuel.valenzuela@flacsochile.org

Matthias Erlandsen

 

 

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Master en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile; Master y Doctor en Ciencias de las Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se desempeña como investigador en relaciones internacionales en FLACSO Chile. Su área de estudios incluye Política Exterior de América Latina, Diplomacia Pública, Comunicación Internacional, Migración Humana, y Medios Diaspóricos. Además, conduce el podcast «Mirada Latinoamericana», y coordina el Diploma en Políticas Exteriores de Latinoamérica.

Es también profesor de pregrado en la Universidad del Desarrollo, y en la Escuela de Verano para Estudiantes de Enseñanza Media de la Universidad de Chile; también, coordinó el Diploma en Diplomacia Pública en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Anteriormente, el Dr. Erlandsen trabajó tanto en el sector público como en el privado, primero como corporate client executive en la agencia de relaciones públicas Burson-Marsteller, luego como periodista de la Municipalidad de Peñalolén (Chile), como communications officer en Columbia Global Centers en Santiago, y recientemente como policy & public affairs officer en la Embajada de Canadá en Chile, donde coordinó la participación canadiense en las cumbres mundiales de APEC (2019) y COP25.

Patrizio Tonelli

 

 

Doctor en “Historia, política y representación de los intereses en la sociedad italiana e internacional” de la Universitá degli Studi di Teramo e historiador de la Universitá degli Studi di Bologna (Italia). Diplomado en “Métodos cualitativos para la investigación social” y en “Historia de la salud y de las ciencias biomédicas”.

Ha sido investigador y docente en temas laborales, específicamente relaciones laborales, sindicalismo y salud laboral en distintas instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales y es también Profesor Asistente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Actualmente es parte del equipo de investigación del Programa TEES (Trabajo, Empleo, Equidad y Salud).

Áreas: Salud de los trabajadores; participación de trabajadores; relaciones laborales

Contactar:  patrizio.tonelli@flacsochile.org

Rodrigo Ramírez Pino

 

 

Doctor en industria audiovisual y del mercado digital, MBA en comunicación estratégica, Magister en Comunicación y Magister en gerencia pública, Periodista y licenciado en Antropología. Actualmente Director e Investigador del Programa Políticas Públicas para el Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe; Presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Investigador del Social Communication Lab SCL de la Facultad de Communicatión de la Universidad Católica; profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Director del Instituto de Capacitación de la Asociación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana ATEI. Es Miembro del directorio de la Fundación Abriendo Datos.

Además fue Subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, Infraestructura de Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico y Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros para Desarrollo Espacial; Presidente de los órganos reguladores de América Latina y el Caribe, agrupados en REGULATEL, Foro de intercambio y de políticas públicas para el desarrollo del ecosistema digital en la región, entre otros.

Contactar: rodrigo.ramirez@flacsochile.org

Marcela Contreras

Bruno Costa

 

 

Cientista Político UAH, candidato a Magíster en Gerencia y Políticas Públicas USACH. Su línea de investigación se centra en el sistema político chileno, donde ha investigado temáticas referentes al mundo del trabajo, procesos de cambio institucional y participación política.

Lucía Miranda Leibe

 

 

Doctora Internacional en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca/ Science Po Paris. Especialista en Métodos y Técnicas de Análisis por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España. Cientista Política por la Universidad de Santiago de Compostela.

Actualmente se desempeña como Investigadora Responsable del Proyecto Fondecyt/Anid “Una historia de desencuentros: el vínculo entre el movimiento feminista y los partidos políticos” 3200160 con Valeria Palanza como investigadora patrocinante de la Pontificia Universidad Católica. Sus publicaciones van en torno al feminismo, participación y representación.

Blog / Reserchgate

Contactar:  lucia.miranda@flacsochile.org

Fernando Jáquez

Jan Eckert

María Teresa Cárdenas

 

 

Contactar: marite.cardenas@flacsochile.org

Diego Velásquez

 

 

Sociólogo de la Universidad de Chile y Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Actualmente es director del Observatorio de Huelgas Laborales de UAH-COES e investigador en el Centro de Investigación Político y Social del Trabajo (CIPSTRA). Además, se desempeña como profesor de estadística de la Universidad Alberto Hurtado (UAH).

Ha participado en diversos proyectos de investigación, como la elaboración de la Encuesta para el Diagnóstico de las Relaciones Laborales en la Administración Central del Estado (ENCLACE) y en la construcción
del Índice de Diálogo Social (IDIAS), ambos de la UAH. Sus temas de interés es la geografía económica, la ecología política y las relaciones laborales.

Fabricio Franco Mayorga

 

 

Sociólogo, cientista político especializado en políticas y gestión pública. Director de Flacso-Chile.

Es profesor e investigador en temas de descentralización, gestión de políticas públicas y fortalecimiento de capacidades de gestión en la Universidad Católica del Perú y en Flacso-Chile.

Ha sido investigador y consultor en diferentes organismos internacionales como PNUD, GIZ y Banco Mundial en temas de coordinación de políticas públicas, gestión de alta dirección y gestión de la inversión pública.

Contactar: fabricio.franco@flacsochile.org

Mónica Carrasco

 

 

Antropóloga Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee experiencia en estudios de antropología aplicada sobre educación, específicamente clima organizacional y educación alternativa, con énfasis en etnografía y metodologías cualitativas.

Desde 2021 se ha desempeñado como investigadora del Programa TEES, donde ha sido parte de estudios sobre condiciones de empleo e impacto en salud, como también ha participado en el diseño y levantamiento de técnicas cualitativas y cuantitativas como encuestas o entrevistas, y en el análisis y elaboración de informes.

Sus intereses radican en los métodos de investigación social, con especial énfasis en metodologías cualitativas; y temáticas de relaciones laborales, salud, medio ambiente y educación

Karla Sandoval

 

 

Relacionadora Publica y Periodista, con más de 10 años de experiencia en áreas de Salud, Educación y últimamente, organizaciones sociales, en el campo de las comunicaciones internas y externas, vinculación con el medio, marketing y redes sociales.

Contactar: karla.sandoval@flacsochile.org