[author] [author_image timthumb=’on’]https://flacsochile.org/wp-content/uploads/2020/11/rodrigo-ramirez.jpg[/author_image] [author_info]Doctor en comunicación audiovisual y mercado digital. Director Políticas públicas de desarrollo digital en Flacso-Chile y Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Ex Subsecretario de Telecomunicaciones.[/author_info] [/author]
¿Cuál es el problema?
Las personas pasan un promedio de 10 y hasta 17 horas diarias en sus pantallas (teléfonos móviles, tablet, dispositivos para juegos, computadores) (Nielsen, 2020; Faleiro, 2020), tiempo que se gasta principalmente navegando dentro de las grandes plataformas digitales. Durante estas horas, las personas realizan actividades fundamentales para la comunicación y para el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos, por ejemplo, acceden a información, comparten sus ideas, socializan y realizan transacciones. Las personas habitan el espacio digital de forma cada vez más parecida a la manera en la que ocupan el espacio físico. ¿Estos resultados describen a todos los ciudadanos por igual?
Según Unicef, dos tercios de los niños en edad escolar del mundo, es decir,1.300 millones de niños de entre 3 y 17 años, no tienen conexión a Internet en sus hogares. Esta cifra aumenta si consideramos a los menores de 25 años, donde 2 de cada 3, es decir 2.200 millones, no tienen acceso a Internet en el hogar. Mientras en América Latina, los niños en edad escolar, de 3 a 17 años, que no acceden a una conexión a Internet en el hogar alcanzan a 74 millones (ver datos aquí).
Según CEPAL, en nuestra región, las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas. Así, el 67% hogares urbanos está conectado a Internet, pero en las zonas rurales solo lo está el 23% de ellos. En el caso de Bolivia, El Salvador, Paraguay, Perú, el porcentaje alcanza al 90% de los hogares rurales. En países como Chile, Costa Rica y Uruguay, sólo cerca de la mitad de los hogares rurales contaba con hogares conectados (CEPAL, 2020).
Específicamente, el 42% de los menores de 25 años y el 54% de los mayores de 66 años no tienen conexión. Mientras que para sus presupuestos mensuales, el servicio de banda ancha móvil y fija para el primer quintil representan el 14% y 12% de sus ingresos. 40% de la población de ingresos más bajos de la OCDE tiene que asignar el 2% de sus ingresos mensuales para acceder a una tarifa básica de banda ancha móvil de 1 Gb; mientras que sus pares de América Latina deben destinar el 10% de sus ingresos mensuales.
En Estados Unidos, 42 millones de estadounidenses no tienen acceso a banda ancha, especialmente en áreas rurales. 157,3 millones de personas no acceden a Internet a velocidades de banda ancha. Esto no solo en América Latina, según el propio Microsoft, en la potencia norteamericana la mitad de los estadounidenses no acceden a velocidades sujetas a llamarse de Banda Ancha. Por ejemplo, en New York City, el 35% de los hogares con ingresos inferiores a US$20,000 no tienen internet (ver datos aquí).
Más aún, en el año 2020, 12 millones de hogares estadounidenses han cancelado su servicio de banda ancha en el hogar y utilizan solo banda ancha móvil para sus necesidades de Internet. En el informe titulado “Adopción y Percepción de la Banda Ancha” se concluye que hay más de 15 millones de hogares en Estados Unidos que solo tienen un servicio de banda ancha móvil, lo que incluye a más de tres millones de hogares que nunca han tenido una suscripción a Internet fijo en el hogar.
La desigualdad digital en Chile
El caso de Chile, según cifras de la OCDE (2019) existen 380.000 estudiantes de zonas rurales con bajo acceso a internet, y aproximadamente 1.500 localidades en nuestro país que están con cobertura y servicios deficientes, o prácticamente desconectadas. Según cifras de la OCDE, tenemos un 12.5% de población que no tiene conexión. Entre los países de la OCDE, Chile es el segundo país con la mayor brecha digital después de Turquía, situación que, si se aplica directamente a la educación, constituye una perpetuación de las condiciones de inequidad para las próximas generaciones. Sobre todo, si consideramos que, por esencia, las localidades más pobres y desconectadas, ya cuentan con una peor calidad educativa.
Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, al analizar estas cifras por ciudades importantes con más de 200 mil habitantes además de Santiago, Valparaíso y Concepción, observaron que estas ciudades -que correspondían sólo a un 6,8% del territorio nacional- concentraban el 76% de los hogares con internet fija en el país. Lo que significa que el resto del territorio (93,2%) sólo tendría un 24% de hogares con internet fijo en el hogar (Subtel, 2020).
Si observamos por región, la penetración en las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Arica, cuentan con las tasas más altas: 76%, 69,3% y 68% respectivamente. Y las tasas de penetración más bajas corresponden a las regiones de La Araucanía con 33%, Ñuble con 33,8% y El Maule con 37,4%. (Subtel, 2020).
Si miramos la Región Metropolitana, vemos que la cantidad de conexiones residenciales a internet fija es de 1.551.926, que corresponde al 48,3% de las conexiones totales del país. Si vemos la penetración en comunas de esta región podemos concluir que existen grandes diferencias entre comunas con un alto nivel socioeconómico, como Vitacura y Las Condes que tienen una penetración de 95% y 95,8% y de bajo nivel socioeconómico como La Pintana y Lo Espejo, con un 31% y 45,3%, respectivamente. (Subtel, 2020).
A las cifras anteriores, hay que agregar que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores menos de $550.000 líquidos. Sólo el 20,2% gana más de $750.000 líquidos. El 83,7% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $750 mil líquidos. En el año 2020, en plena pandemia, ingresaron 1.200.000 hogares al Registro Social de Hogares, herramienta para recibir ayudas del Estado, alcanzando un récord de 6.602.000 hogares. (Fundación Sol, 2021) (Ministerio de Desarrollo Social, 2020).
A estos datos, hay que agregar que, objetivamente, Chile es el país mejor conectado de la región. Los indicadores de cobertura, penetración, acceso y uso están muy por sobre la mediana de varios países desarrollados. Un país donde no sólo existen más teléfonos móviles que personas, sino que además tenemos un promedio de consumo per cápita de 15 Gigabyte por mes de la red móvil y 353 Gigabyte en la red fija. Con el Gigabyte más barato en todo el continente (US$0,87), en contar con los proveedores de Internet de banda ancha fija más rápidos de toda América Latina (58.08 Mb/s), con la tasa más alta de comercio electrónico que impacta positivamente en medio punto del Imacec mensual.
Durante estos días, a propósito de las dificultades de continuar las clases de manera virtual por estudiantes que están en zonas apartadas, de difícil acceso o de ingresos bajos, volvemos a preguntarnos ¿Hoy los concesionarios de los servicios no van a estas comunas por desinterés comercial? ¿Puede el Estado tomar un papel más activo? ¿Tienen los municipios alguna capacidad de incidir de manera positiva? ¿Quién tiene que fiscalizar no lo hace? ¿Acceden y usan hoy las nuevas tecnologías los que estructuralmente pueden hacerlo?, ¿No acceder a Internet implica la reproducción de las tradicionales desigualdades o produce una nueva línea de inequidad?,¿Quiénes serán dejados fuera de la ecuación tecnológica, y qué se perderán?, ¿Están las nuevas tecnologías realmente cambiando algo, para quién y de qué manera?
La brecha digital
Se suele usar el concepto de brecha digital, más bien como una categoría dicotómica en la dimensión de acceso. Pero no solo estamos hablando de personas en línea o fuera de línea. No se hace ninguna distinción entre alguien que consulta una cuenta de correo electrónico una vez a la semana y un super usuario que dirige sus negocios en teletrabajo con una ultra banda ancha.
La brecha digital se define como la brecha que existe entre quienes tienen acceso a Internet y a dispositivos confiables y quienes tienen un acceso muy limitado o ninguno. Una referencia que ha quedado corta, ya que es imposible, a estas alturas de la evolución de Internet y de las tecnologías, remitirnos tan solo a la brecha material de acceso para hacer referencia a las características de la división o fractura digital. Así, es necesario distinguir que existen otros tipos de brechas: Una mental, aquella referida a la falta de experiencia digital elemental; otra de habilidades, sin la experiencia tecnológica, computacional, la que no se reduce al simple manejo de hardware y software, sino que es la capacidad de buscar, seleccionar, procesar, aplicar la información en una superabundancia de fuentes; y otra brecha de Uso, que es la carencia de oportunidades de uso. Brechas que deben ser sumadas al comportamiento de ciertas variables propias de las desigualdades sociales como los ingresos, ocupación, educación, género, procedencia étnica, localización geográfica, edad, estado civil, y su impacto en las variables de posesión, habilidades, uso y consecuencias.
Obviamente, la brecha digital, como término, ha tenido su mérito, fundamentalmente por su capacidad de instalarse en la agenda pública. Con ello ha permitido ser referente a la hora de debatir sobre los problemas que existen en la relación entre los ciudadanos, acceso a Internet y las nuevas tecnologías. Sin embargo, al limitarse al acceso y a la difusión de tecnologías, al concepto se le exige más, porque la evidencia sugiere que la brecha no desparece, incluso si se alcanza una alta tasa de penetración y cobertura.
Estamos hablando de una desigualdad digital, más que la categoría de aquellos que tienen acceso contra aquellos sin acceso, sino que a un lienzo más dinámico y multidimensional que sobrepasa la penetración y las diferencias de acceso. Por lo menos hay seis dimensiones para abordar este concepto, ya sea por medio de las variables vinculadas (i) la conexión a la red y a la calidad del servicio (ii) equipamientos y herramientas; (iii) autonomía, intensidad, oportunidad y frecuencia de dicho uso; (iv) habilidades y competencias; (v) apoyo social; (vi) propósitos, fines, objetivos y metas para que la tecnología será empleada. Todas estas variables, al momento de ser puestas en común, deben hacerlo desde las características individuales, la posición del sujeto en la sociedad y la evaluación de los resultados en el uso de la tecnología.
La desigualdad digital viene a ser un concepto conflictivo, ya que desde sus causas y consecuencias pone en tensión el concepto mismo de desarrollo, al cuestionar, a lo menos, la miopía de las estrategias de masificar la conectividad y el acceso a Internet, alcance y apropiación tecnológica, por tanto pone en jaque la propia idea del solucionismo tecnológico.
Hubo un refugio colectivo sobre esta idea de que la tecnología iba a solucionar todos los problemas, mágicamente iba a resolver todos los dilemas que tenemos en la sociedad, los políticos, los económicos, los culturales y los sociales. Era cómodo abrazar la idea exponencial de que más conectividad, más datos, mientras más inteligentes seamos, más convergencia entre hombre y máquina, todo va sumando para solucionar la amplitud de los problemas del mundo.
Lo cierto es, lo que estaba mal antes de la pandemia era la desigualdad y la mala distribución de los ingresos, por lo que la tecnología, su acceso y uso, vino a dar cuentas de esas diferencias y a petrificar esas desigualdades.
La desigualdad digital no es un concepto estático. No se trata de categorías simétricas, que se mueven en una misma dirección, sino que pueden desplazarse en direcciones distintas según las causas que se estén registrando en un tiempo y espacio determinado; es decir, puede que en una región se experimente una notoria disminución de la brecha de acceso físico a Internet, al teléfono móvil o al computador, pero que aumente las brechas de habilidades, competencias y de uso. Las desigualdades particulares pueden ser más profundas que las desigualdades totales.
La desigualdad digital más que un problema técnico es un problema político. Es una expresión de la “sindemia”, donde lo digital se instala sobre problemas, inequidades y desigualdades previas que generan impactos asimétricos en la población, por eso no son simples dicotomías de brechas, sino que es la expresión estructural de las actuales desigualdades.
Una propuesta
La desigualdad digital está a un mismo nivel que las desigualdades absolutas. De ahí que contar con mínimos digitales que resguarden el desempeño digno y mejore la calidad de vida de los ciudadanos, no es un anhelo marginal. Esto permitirá proveer de la accesibilidad necesaria a las actuales y nuevas tecnologías, no importando los atributos socioeconómicos de quienes las requieran.
Un Bienestar Digital Digno implica contar con los mínimos digitales básicos, desde asegurar un acceso diario a Internet, que es lo mínimo que necesitamos para ver beneficios reales para el trabajo, la educación y la comunicación;disponer de los dispositivos apropiados para la tarea que tenemos enfrente; tener los gigas necesarios, los suficientes datos para realizar ciertas tareas en línea; acceder a una conexión rápida y a un servicio de calidad y contar con la asequibilidad, un presupuesto mensual, para disponer de esos servicios.
Sin acceso a dispositivos y conectividad confiables, miles de chilenos corren el riesgo de quedar fuera de los mínimos sociales que implica no estar conectado, sin información vital sobre salud y seguridad, sin trabajar desde sus casas, sin aprendizaje en línea, sin la oportunidad de expresar sus puntos de vista y sin participar en el comercio electrónico y la economía digital.
Acceder a Internet con un plan mínimo de gigas per cápita, poseer los dispositivos adecuados y hacer uso de los servicios digitales del Estado deben ser parte de una “canasta digital básica”, una expresión objetiva de los mínimos vitales y necesarios para vivir en condiciones que no nieguen la dignidad.
Un Estado debe promover el bienestar digital de sus ciudadanos y no precarizarlo. Hoy la ausencia y carencia de disponer de Internet, como la infraestructura habilitante, es no contar con bienes y servicios considerados esenciales, tales como alimentación, salud, vivienda, educación o vestimenta.
Hoy estamos en medio de un proceso constituyente que elaborará la próxima Constitución política del país. Por tanto es pertinente preguntarse si una Constitución del Siglo XXI debe resguardar los derechos y deberes digitales mínimos para el desarrollo digno de los ciudadanos? Qué y cuáles acciones y políticas deben definirse que contribuyan a promover la inclusión tecnológica digital para no seguir perpetuando las desigualdades sociales?
Así como hemos normado al ciudadano analógico, tiene cabida regular a la ciudadanía digital, porque es evidente que no es solo un tema de internet, dispositivos y de avances tecnológicos, estamos hablando de una transformación que abarca todos los aspectos de la vida. En ese camino la Convención Constituyente deberá enfrentar, en los próximos meses, el debate respecto de la forma en que nuestro país abordará los derechos y deberes digitales en el contexto de la sociedad digital.
El debate para la nueva Constitución, a través de una discusión abierta, profunda y participativa sobre los derechos digitales abrirá una conversación sobre si establecer el acceso a Internet como un derecho y definir la esencialidad de su servicio; cómo definiremos la privacidad, el uso de datos personales y la soberanía de los datos; si estableceremos la soberanía nacional digital, la identidad y autonomía digital; cómo delineamos la ética de la Inteligencia Artificial; cómo abordamos la seguridad en las redes y la economía de plataformas, la relación hombre/máquina, el humanismo tecnológico y el impacto de la tecnología en el mundo laboral y educacional.
Actualmente, armonizar cuestiones propias del medio tecnológico, como el acceso y la reutilización de datos, la seguridad y conectividad, con los derechos civiles tradicionales representa un gran desafío que incide directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, crecientemente inmersos en la sociedad digital.
En ese camino, la Convención Constituyente deberá enfrentar, en los próximos meses, el debate respecto de la forma en que nuestro país abordará los derechos digitales y el uso de datos. Saltar hacia una etapa donde la creación de datos abiertos no sea por defecto sino con ‘propósito’, como un bien público y como factor habilitante y democrático. La infraestructura digital habilitante existente en el país, en pleno 2020, estaba en condiciones de que la presencia del COVID hubiese sido un espacio de experimentación en tiempo real, con el uso abierto de datos y el acceso a información pública como parte de la estrategia sanitaria. Aún el Estado de Chile no tiene las facultades para garantizar el uso ético de los datos para crear valor público, promover la apertura y mejorar la vida de las personas, en el hogar, en sus actividades económicas y en la calidad y oportunidad de acceder a los servicios del Estado.
Por de pronto, para enfrentar la desigualdad digital y la inequidad territorial, se debe desplegar un Plan maestro de despliegue de infraestructura digital, como el gran factor habilitante, junto a los municipios, ya que si se aumenta un 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio, éste tiene impacto positivo los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, en reducir pobreza, en incrementar la atención y calidad de salud y bienestar colectivo, se incrementa el trabajo decente, hay más crecimiento económico, más calidad y acceso a la educación, sube la participación en los ingresos de los quintiles más pobres; hay un efecto positivo en la acción por el clima. Es decir, disponer y acceder a una conectividad digital tiene un impacto objetivo y medible en mejorar la vida de los ciudadanos (BID, 2020).
Los elementos que debe contener un Plan Maestro para el despliegue de la infraestructura digital debe dar cuenta de una planificación a corto, mediano y largo plazo, con metas e indicadores objetivos y medibles, pertinente a cada contexto local y vinculante entre los organismos del Estado, considerando al menos los siguientes aspectos:
- Promover a los operadores de infraestructura, neutrales y abiertos
- Fomentar inversión hasta la última milla,
- Establecer un Régimen concesional único,
- Establecer una Ventanilla Única,
- Establecer la compartición de lnfraestructura,
- Definir una Regulación convergente,
- Hacer valer el “silencio administrativo positivo”,
- Construir Ranking comunales de Indicadores de infraestructura digital con una Smart Data abierta,
- Recoger códigos de buenas prácticas y modelos de ordenanzas municipales,
- Difundir campañas de educación pública sobre efectos de el impacto de las redes de telecomunicaciones,
- Actuar con el instructivo presidencial del año 2018 considerando la disponibilidad de infraestructura pública, dependencias del Estado y bienes nacionales de uso público,
- Crear un regulador independiente, robusto y con capacidad, para el sector de las telecomunicaciones,
- Incentivos para el desarrollo de una red de entrega de contenidos o CDN (Content Delivery Networks),
- Modificar y elaborar un cambio estructural al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que incluya una nueva aproximación a los subsidios a la demanda,
- Definir Incentivos tributarios para quienes presenten planes de despliegue en zonas de baja conectividad,
- Actualizar la Ley General de Telecomunicaciones,
- Acuerdos con las Asociaciones de Municipalidades,
Más detalles del Plan Maestro, aquí
